El telegrafo / Hoy en el Pleno de la Asamblea la Función Judicial y la Función de Transparencia y Control Social rindieron su informe de labores del 2014. Los diferentes representantes presentaron cifras y casos tratados además de las proyecciones para el año presente.

Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), inició su presentación destacando la entrada en vigencia (10 de agosto pasado) del Código Orgánico Integral Penal (Coip): “El renovar toda esa normativa que estaba dispersa en una serie de instrumentos jurídicos y que ahora están consolidados en un solo cuerpo fue un aspecto histórico para nuestro país. Significó un desafío enorme para la función judicial ecuatoriana principalmente a nivel de capacitación pero también al implementar en todas las perspectivas tecnológicas, infraestructura, salas de audiencia, etc.”, dijo el titular de la CJ.

Jalkh presentó el plan estratégico de la función basándose en 5 ejes fundamentales: la gestión procesal; las reformas normativas; acceso a justicia en cuanto a mediación y justicia de paz; meritocracia; infraestructura e innovación tecnológica, y la capacidad normativa del pleno.

En cuanto al estudio del Coip -según Jalkh- se logró capacitar en 188 horas por persona a 2. 451 servidores judiciales, entre ellos, fiscales, jueces y defensores públicos. También gracias a un convenio con el Ministerio del Interior se logró formar en 160 horas a 7.637 policías judiciales y administrativos. Al momento de implementar el código con las nuevas tecnologías se han creado 45. 739 casilleros electrónicos a disposición de los abogados a nivel nacional y las notificaciones se efectúan igualmente de manera digital, es decir que el 80% de las mismas se realizan por este medio como lo establece el Coip.

“Las virtualidades de estas disposiciones significan el ahorro del tiempo, transparencia en la gestión y evita lo que se llamaba el boletaje que se pierdan las boletas. Los niveles de seguridad son absolutos”, señaló el presidente de la CJ.

Otros aspectos importantes son las salas de audiencia totalmente equipadas, las videoconferencias para testificar, las actas de resumen digitalizadas de las audiencias que ahora, incluso, son grabadas. Además la oralidad procesal es fundamental -dijo Jalkh- aunque “falta en los procesos civiles y hay que mejorar en lo laboral”. Finalmente, se resaltó el incremento de la productividad dentro de la unidad de flagrancia que pasó de 30 sentencias mensuales con 8 jueces a 58 con el mismo número de servidores judiciales, “el tiempo promedio de tramitación a pasado de 191 a 29 días”, dijo el presidente de la CJ.

En representación de la Función de Transparencia y Control Social expusieron los avances al Pleno de la Asamblea su expresidenta Suad Manssur y el Defensor del Pueblo, Francisco Rivadeneira. Manssur recalcó los avances en la participación de la ciudadanía dentro del Plan de Prevención y lucha contra la Corrupción 2013-2017 que fue apoyada por spots publicitarios, campañas, capacitaciones etc..

Mientras tanto, Rivadeneira mencionó que el año anterior de 12.343 casos se resolvieron 15.053, es decir que se despacharon 22% más casos, logrando disminuir la carga de años anteriores. Del total de casos resueltos, el 55% tenía que ver con acceder a bienes y servicios públicos de calidad, el 18% derechos del buen vivir, el 17% con derechos de libertad, el 6% con protección y el 4% derecho de la naturaleza, comunidades, pueblos y nacionalidades y derechos de participación. Además se realizaron 28.000 asesoramientos y se entregaron 11 informes temáticos.

Igualmente, Pedro Páez, superintendente del Control y el Poder del Mercado señaló que dentro de esta función se han hecho 1 taller internacional mensual y 313 nacionales, en donde se han encontrado nuevas metodologías como manuales. Uno de ellos, el de supermercados que entrará en vigencia en noviembre para evitar los abusos a los consumidores y casos de competencia desleal.

“Con el manual de farmacias que debía entrar en vigencia desde el 5 de enero pasado, estamos esperando que se pronuncie la junta de regulación y estamos enviando un nuevo manual llamado Multinivel para los vendedores a domicilio de aspiradoras, cocinas, cosméticos que han denunciado también casos de competencia desleal”, agregó Páez.

Por su parte el Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Fernando Cedeño, se refirió al retraso en la selección de los nuevos integrantes de esta función: “Nuestra función terminaría en marzo pero en conversaciones que hemos mantenido con el Consejo Nacional Electoral es muy probable que nos prorroguemos a junio o julio”, manifestó y añadió que en con respecto el jueves próximo se realizará la designación del nuevo Procurador General del Estado que se realizara mediante terna.

Con Información de El telegrafo

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