En Bolivia, la democracia atraviesa una profunda transformación a partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado (CPE) Plurinacional. No estamos haciendo referencia a la democracia intercultural, sino a lo que denominaremos democracia multinivel, cuyo significado intentaremos desarrollar en esta nota. Esta modalidad es resultado de una politización de los territorios de nivel meso y micro o local, proceso que se ha dado desde la fundación de la república hasta la creación del Estado actual, cuya estructura y organización territorial afirman esta democracia de varios niveles.

La política en el país se ha desarrollado en la esfera nacional, aunque en etapas de su historia republicana lo local y regional adquirieron alguna importancia con los municipios y el “poder regional”; la lucha por el poder estuvo concentrado en el espacio que define a Bolivia como una circunscripción única. Indicadores de esta tendencia totalizadora son: i) la constitución de actores macro como la clase proletaria, campesina, burguesa, media y categorías institucionales como la militar; ii) la construcción de grandes discursos con expresiones de izquierda, de anticomunismo, de nacionalismo revolucionario, etc.; iii) la definición de objetivos generales relacionados con la liberación nacional, el socialismo, el desarrollo del país; iv) finalmente,  la lucha por el poder político del Estado.

La etapa más intensa de predominio de este holismo fue la comprendida entre la Revolución Nacional de 1952 y la década de los 70 del siglo XX, periodo en el que la visión generalizadora se plasmó en: la edificación del Estado Nacional, la planificación económica, la homogeneización cultural, la  proyección de una conciencia nacional y el centralismo de la administración y el poder públicos. En este contexto, lo local y lo regional, vale decir, lo territorial, no tenía ninguna relevancia política o fue ignorado por los impulsos del Estado central al punto que, por ejemplo, el municipalismo fue reemplazado por un alcaldismo autoritario, esto es, un régimen de alcaldes designados por los presidentes de turno. Esta orientación integralista fue tan fuerte que influyó sobre áreas del conocimiento académico como la Economía y las Ciencias Sociales, las que se inclinaron por las investigaciones generalizadoras o de grandes hechos y se desinteresaron por los estudios de casos, bajo la idea de que los elementos que determinan la historia, lo social y político,  son los contextos y las estructuras, ante los cuales tienen poca validez los individuos y sus acciones.

En ese escenario, las comunidades de referencia, como la local y la región, estuvieron despolitizadas, vale decir, no eran espacios de poder y lucha. Por ello, en el pensamiento y en los proyectos políticos, lo municipal y departamental estaban ausentes. Cuando la democracia fue restaurada en 1982, la tendencia de concentrar lo político en el ámbito nacional o en el Estado central estaba vigente, por eso la democratización y la liberalización —el reconocimiento de los derechos— fueron orientadas en esa dirección. Así, emergió una democracia centralista y el derecho de sufragio activo se ejerció solo para elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados, según procedimientos despersonalizados y monopolizados por partidos nacionales con poco grado de penetración territorial en las regiones y los espacios locales.

Esta tendencia empezó a agotarse en la década de los 80 del siglo XX, cuando se perfiló un proceso de politización de las regiones que género la propuesta de los gobiernos departamentales. En el decenio de los 90, el nivel local se visualizó con la emergencia de actores internos, la constitución de los gobiernos ediles y el desarrollo local. Esta territorialización micro y meso de la política o conformación de instituciones estableció la base material para la formación de la democracia multinivel, la cual fue constitucionalizada por la norma fundamental vigente desde 2009.

En efecto, la Constitución Política del Estado consagra un nuevo modelo estatal, una de cuyas características es la conformación de niveles autonómicos político-administrativos o comunidades políticas espaciales, las cuales son la municipal, indígena originario campesino, regional y departamental, verdaderos gobiernos porque están constituidos por sedes legislativas y ejecutivas. Esto implica una distribución del poder estatal en todas las categorías territoriales o llevar gobierno a todos los espacios, en contraposición a la democracia de un solo nivel asociada a la centralización del poder.

Este cambio ha configurado un sistema multinivel en varios sentidos, como por ejemplo en materia de producción legal, con la elaboración de normas municipales y departamentales; y en cuestión de desarrollo con la distribución de competencias entre los distintos contextos territoriales, reparto que determina que  los gobiernos asuman roles propios: el municipal en desarrollo humano (salud y educación); el departamental autónomo, en desarrollo económico-productivo; el autogobierno de autonomías indígena originario campesinas con un sistema político, jurídico y económico acorde a su cosmovisión; y el nivel central, gestor del desarrollo integrado plurinacional. Estas instancias gubernamentales hacen de Bolivia una comunidad política de democracia multinivel.

Estamos ante una “civilidad compuesta” que ha superado la civilidad simple o reducida a la elección del nivel nacional. Hoy, las mujeres y los hombres despliegan su vocación ciudadana en todas las instancias de la organización y estructura territorial del Estado Plurinacional, en su verticalidad y horizontalidad, concurriendo a la formación de su gobierno inmediato o municipal, inmediato o departamental y distante o plurinacional. Consecuentemente, la democracia se ha descentralizado y dejó de ser de un solo nivel, ahora está compuesta por una multitud de comunidades políticas espaciales.

Todo esto se contemplará en el ejercicio más grande del derecho de ser elegido que se ha dado en la historia política, cuando el 29 de marzo, concurramos a la constitución  de los ejecutivos departamentales; eligiendo a nueve gobernadores o gobernadoras; un vicegobernador en Pando; ocho subgobernadores  y 19  corregidores, en Beni; 11 ejecutivos seccionales de desarrollo, en Tarija; y las asambleas legislativas departamentales, votando por representantes por territorio, población e indígenas originario campesinos; ambas sedes conforman los gobiernos departamentales autónomos. En el nivel meso y en el micro, se conformarán 339 gobiernos municipales, el mismo número de alcaldes/alcaldesas, 2025 concejalas/concejales. En total, Bolivia votará por 2.693 autoridades subnacionales. Esta ola de democratización del territorio será complementada, posteriormente, con la conformación de autonomías indígena originario campesinas, así la democracia multinivel será un color que pintará a toda Bolivia.

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En Bolivia, la democracia atraviesa una profunda transformación a partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado (CPE) Plurinacional. No estamos haciendo referencia a la democracia intercultural, sino a lo que denominaremos democracia multinivel, cuyo significado intentaremos desarrollar en esta nota. Esta modalidad es resultado de una politización de los territorios de nivel meso y micro o local, proceso que se ha dado desde la fundación de la república hasta la creación del Estado actual, cuya estructura y organización territorial afirman esta democracia de varios niveles.

La política en el país se ha desarrollado en la esfera nacional, aunque en etapas de su historia republicana lo local y regional adquirieron alguna importancia con los municipios y el “poder regional”; la lucha por el poder estuvo concentrado en el espacio que define a Bolivia como una circunscripción única. Indicadores de esta tendencia totalizadora son: i) la constitución de actores macro como la clase proletaria, campesina, burguesa, media y categorías institucionales como la militar; ii) la construcción de grandes discursos con expresiones de izquierda, de anticomunismo, de nacionalismo revolucionario, etc.; iii) la definición de objetivos generales relacionados con la liberación nacional, el socialismo, el desarrollo del país; iv) finalmente,  la lucha por el poder político del Estado.

La etapa más intensa de predominio de este holismo fue la comprendida entre la Revolución Nacional de 1952 y la década de los 70 del siglo XX, periodo en el que la visión generalizadora se plasmó en: la edificación del Estado Nacional, la planificación económica, la homogeneización cultural, la  proyección de una conciencia nacional y el centralismo de la administración y el poder públicos. En este contexto, lo local y lo regional, vale decir, lo territorial, no tenía ninguna relevancia política o fue ignorado por los impulsos del Estado central al punto que, por ejemplo, el municipalismo fue reemplazado por un alcaldismo autoritario, esto es, un régimen de alcaldes designados por los presidentes de turno. Esta orientación integralista fue tan fuerte que influyó sobre áreas del conocimiento académico como la Economía y las Ciencias Sociales, las que se inclinaron por las investigaciones generalizadoras o de grandes hechos y se desinteresaron por los estudios de casos, bajo la idea de que los elementos que determinan la historia, lo social y político,  son los contextos y las estructuras, ante los cuales tienen poca validez los individuos y sus acciones.

En ese escenario, las comunidades de referencia, como la local y la región, estuvieron despolitizadas, vale decir, no eran espacios de poder y lucha. Por ello, en el pensamiento y en los proyectos políticos, lo municipal y departamental estaban ausentes. Cuando la democracia fue restaurada en 1982, la tendencia de concentrar lo político en el ámbito nacional o en el Estado central estaba vigente, por eso la democratización y la liberalización —el reconocimiento de los derechos— fueron orientadas en esa dirección. Así, emergió una democracia centralista y el derecho de sufragio activo se ejerció solo para elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados, según procedimientos despersonalizados y monopolizados por partidos nacionales con poco grado de penetración territorial en las regiones y los espacios locales.

Esta tendencia empezó a agotarse en la década de los 80 del siglo XX, cuando se perfiló un proceso de politización de las regiones que género la propuesta de los gobiernos departamentales. En el decenio de los 90, el nivel local se visualizó con la emergencia de actores internos, la constitución de los gobiernos ediles y el desarrollo local. Esta territorialización micro y meso de la política o conformación de instituciones estableció la base material para la formación de la democracia multinivel, la cual fue constitucionalizada por la norma fundamental vigente desde 2009.

En efecto, la Constitución Política del Estado consagra un nuevo modelo estatal, una de cuyas características es la conformación de niveles autonómicos político-administrativos o comunidades políticas espaciales, las cuales son la municipal, indígena originario campesino, regional y departamental, verdaderos gobiernos porque están constituidos por sedes legislativas y ejecutivas. Esto implica una distribución del poder estatal en todas las categorías territoriales o llevar gobierno a todos los espacios, en contraposición a la democracia de un solo nivel asociada a la centralización del poder.

Este cambio ha configurado un sistema multinivel en varios sentidos, como por ejemplo en materia de producción legal, con la elaboración de normas municipales y departamentales; y en cuestión de desarrollo con la distribución de competencias entre los distintos contextos territoriales, reparto que determina que  los gobiernos asuman roles propios: el municipal en desarrollo humano (salud y educación); el departamental autónomo, en desarrollo económico-productivo; el autogobierno de autonomías indígena originario campesinas con un sistema político, jurídico y económico acorde a su cosmovisión; y el nivel central, gestor del desarrollo integrado plurinacional. Estas instancias gubernamentales hacen de Bolivia una comunidad política de democracia multinivel.

Estamos ante una “civilidad compuesta” que ha superado la civilidad simple o reducida a la elección del nivel nacional. Hoy, las mujeres y los hombres despliegan su vocación ciudadana en todas las instancias de la organización y estructura territorial del Estado Plurinacional, en su verticalidad y horizontalidad, concurriendo a la formación de su gobierno inmediato o municipal, inmediato o departamental y distante o plurinacional. Consecuentemente, la democracia se ha descentralizado y dejó de ser de un solo nivel, ahora está compuesta por una multitud de comunidades políticas espaciales.

Todo esto se contemplará en el ejercicio más grande del derecho de ser elegido que se ha dado en la historia política, cuando el 29 de marzo, concurramos a la constitución  de los ejecutivos departamentales; eligiendo a nueve gobernadores o gobernadoras; un vicegobernador en Pando; ocho subgobernadores  y 19  corregidores, en Beni; 11 ejecutivos seccionales de desarrollo, en Tarija; y las asambleas legislativas departamentales, votando por representantes por territorio, población e indígenas originario campesinos; ambas sedes conforman los gobiernos departamentales autónomos. En el nivel meso y en el micro, se conformarán 339 gobiernos municipales, el mismo número de alcaldes/alcaldesas, 2025 concejalas/concejales. En total, Bolivia votará por 2.693 autoridades subnacionales. Esta ola de democratización del territorio será complementada, posteriormente, con la conformación de autonomías indígena originario campesinas, así la democracia multinivel será un color que pintará a toda Bolivia.

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